Todo estaba programado para que la defensa de Mario Raúl “El Lobo” Estequín, el hombre que en 2010 fue condenado por el crimen de su suegra, solicitara la libertad condicional. Un imprevisto y la falta de informes actualizados truncaron las aspiraciones del hombre que fue penado a 20 años de prisión por uno de los hechos más escabrosos (por los detalles del caso) que se produjeron en la primera década de este siglo.
La audiencia terminó siendo postergada porque la Policía no pudo ubicar a las hijas de la víctima, Margarita del Valle Pereyra, la mujer que fue asesinada a manos de su yerno y cuyo cuerpo fue desmembrado y arrojado en distintos puntos de la capital y Lules.
Al haber cumplido ya más de tres cuartos de la condena, Estequín ya tiene la posibilidad de solicitar la libertad condicional, siempre y cuando los informes de conducta lo avalen y con el requisito de que las víctimas sean notificadas sobre esta situación. Los familiares no tienen la obligación de presenciar y/o participar de estas audiencias pero sí deben ser informadas de que este tipo de temas será tratado. Es lo que pasó en los casos de Susana Acosta, condenada por el crimen de la docente Beatriz Argañaraz, y de Pablo Amín, sentenciado por el crimen de su esposa, María Marta Arias; en ambos casos los hermanos de esas víctimas peticionaron -aunque ese deseo no prosperó- que los homicidas no salgan de prisión hasta cumplir la pena completa.
Dificultades
Ayer, cuando el juez Gonzalo Ortega solicitó que le informaran la presencia de las partes en la audiencia, el personal de la OGA le explicó que las hijas de Pereyra no fueron halladas en los domicilios que la Policía conocía. El reporte policial sostenía que en una de las casas los efectivos fueron recibidos por una inquilina que explicó que desde hace cinco años estaba alquilando esa propiedad y que no conocía a la mujer que estaban buscando. En el segundo caso, buscaron a la hija de Pereyra en una dirección de Simoca, pero descubrieron que la información no era precisa porque no correspondía con una vivienda.
La representante del ministerio Público Fiscal, Fernanda Antoni Piossek, advirtió que las hijas de Pereyra habían informado en 2018 un cambio de domicilio, porque se habían mudado a una localidad del interior de Simoca. También consideró que debía diligenciarse la notificación para avanzar con la audiencia.
El magistrado advirtió que por respeto al derecho de las víctimas determinaría la suspensión de la audiencia si las hijas de Pereyra no tenían conocimiento de este suceso.
Antoni Piossek advirtió que, más allá de ese imprevisto, el pedido de Estequín y de su defensor, Juan Carlos López Márquez, no iba a poder concretarse ese día porque los informes de conducta del condenado estaban desactualizados. “El último informe que envió el Servicio Penitenciario data de 2022, necesitamos una actualización de todo el primer semestre de este año para evaluar nuestra postura”, explicó. A raíz de eso surgiría si hay oposición o no al pedido de la defensa.
Ante ese panorama, López Márquez pudo rescatar algo de esta audiencia: indicó que entendía la situación pero pidió que sea saneada ante el inminente inicio de la feria judicial, por lo que pidió que el caso sea considerado cuestión de feria. El juez no le hizo lugar a eso, pero sí resolvió que en un plazo máximo de dos días hábiles se gestione los informes faltantes y se localice a las hijas de la víctima.
El caso
El 16 de enero de 2004 Margarita del Valle Pereyra visitó a su hija Marisol Chávez y a su yerno, Estequín, quien por ser ordenanza de la Quinta Agronómica, vivía con su novia en una casilla de ese predio de la UNT. Ese día Pereyra no encontró a su hija y esa fue la última vez que se la vio con vida.
En la casa del “Lobo” se encontraron indicios de que la mujer podría haber sido asesinada, por eso el hombre fue detenido y dos semanas después se confirmó la teoría del crimen. La Policía encontró la cabeza de la mujer en una finca de Lules. Al seguir recorriendo ese predio, fueron encontrando otras partes del cuerpo que habían sido desparramadas y ocultadas en distintos lugares. Además del cráneo, uno de los hallazgos más espeluznantes fue el de un pie que había sido arrojado dentro del hueco de un tronco.
El pedido de Amín
Por otra parte, esta semana Pablo Amín, quien en 2007 asesinó y mutiló a su esposa, obtuvo el beneficio de salidas transitorias por haber cumplido ya buena parte de su condena y por mostrar buena conducta durante el encierro.
Por otro lado, el 15 de junio Susana Acosta obtuvo la libertad condicional tras haber cumplido 14 años de prisión por el crimen de “Betty” Argañaraz, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. El pedido de la mujer era avalado por la conducta y porque al dedicar su tiempo de encierro fue reduciendo su tiempo de pena. A su pareja, Marcos Fernández (quien se llamaba Nélida Fernández al momento de la sentencia), que fue condenado por la coautoría del hecho, le rechazaron este beneficio.